CHIRIQUÍ. El sendero "Los Quetzales", en el distrito de Boquete, permanece en mal estado. Su condición se agravó desde noviembre de 2008, cuando en esta área de la provincia de Chiriquí, se registraron deslizamientos e inundaciones.
Según los ambientalistas, su recorrido resulta peligroso para cualquier turista, nacional o extranjero.
Ezequiel Miranda, presidente de la Asociación para la Conservación de la Biosfera (ACB), dice que a pesar de que las afectaciones se dieron hace más de un año, aún la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), no ha logrado habilitar este sendero, que por muchos años ha sido objeto de atracción por los turistas.
"Hasta la fecha no se ha hecho nada, las mejoras que se hicieron fueron realizadas por nosotros mismos" aseguró.
Señaló que este año la organización tenía la intensión de restablecer los puntos más críticos, sin embargo la ANAM se los prohibió.
El dirigente advirtió que pese a la deplorable condición en la que se encuentra, los turistas siguen ingresando al lugar, con el riesgo de perderse, ya que no existe ningún tipo de señalización, o en el peor de los casos, sufrir algún accidente.
Es inaceptable que se siga permitiendo la entrada a turistas en las condiciones actuales del sendero y peor aún cobrar a los turistas en los puestos de control, principalmente el de Respingo, dijo el ambientalista.
Miranda aseguró que desde hace alrededor de tres años, se les ha manifestado a las autoridades y grupos conservacionistas del distrito de Boquete que existe una partida de medio millón de dólares para habilitar este sendero; sin embargo aún nada se ha concretizado.
El sendero Los Quetzales es un importante atractivo turístico del distrito de Boquete.
Según los hoteleros, al menos el 50% de los turistas que llega al lugar preguntan o están interesados en recorrer el sendero, cuya singularidad en la diversidad biológica del sitio es su principal atractivo.
LA AUTORIDAD
Frente a la denuncia de los ambientalistas ANAM reaccionó en un comunicado de prensa.
La entidad aseguró que proyecta invertir más de un millón de dólares para rehabilitar los diversos parques y áreas protegidas de Chiriquí, lo que incluye al pintoresco sendero Los Quetzales.
La inversión total será de 1,390,000 dólares, de los cuales 410 mil dólares están destinados para los gastos de interpretación, rehabilitación y señalización del sendero Los Quetzales.
La ANAM, además, contempla gastar 63 mil 500 dólares en el Centro de Control y Visita en el Parque Nacional Volcán Barú (PNVB), donde se encuentra Los Quetzales.
Una publicación de la página digital de TVN Noticias advierte que se tomarán medidas para restringir el ingreso al sendero, mientras dure la rehabilitación del popular sendero.
Ahora lo que queda es poner en ejecución el proyecto que garantizará la recuperación del sitio, que tanta popularidad ha aportado al Parque Nacional Volcán Barú.
INVERSIÓN
Ante la denuncia de los ambientalistas, la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) aseguró en un comunicado de prensa que proyecta una inversión que sobrepasa el millón de dólares para rehabilitar los diversos parques y áreas protegidas de Chiriquí, lo que incluye al pintoresco Sendero Los Quetzales. La inversión total será de 1,390,000 dólares, de los cuales 410 mil dólares están destinados para los gastos de interpretación, rehabilitación y señalización del Sendero Los Quetzales. En el Parque Nacional Volcán Barú, donde se encuentra el Sendero Los Quetzales, se tiene contemplado gastar, además, 63 mil 500 dólares en el Centro de Control y Visita en Los Llanos y 251 mil 800 dólares en el Sendero a la Cima del Parque Nacional Volcán Barú.
MARLENE TESTA
martes, 5 de enero de 2010
Caso La Barqueta, a juicio La Prensa 5 enero 2010
delito ecológico: destrucción de un área protegida, Refugio de Vida Silvestre
Caso La Barqueta, a juicio
El empresario Juan Araúz Anguizola será enjuiciado por devastar manglares y afectar especies marinas.
DEVASTACIÓN. Se pretendía construir un canal en el área de manglares para que los botes y veleros llegaran directamente al hotel Las Olas, construido en la playa La Barqueta. ESPECIAL PARA LA PRENSA/Sandra A. Rivera
sandra alicia rivera
david, chiriquí
nacionales@prensa.com
Pese al desestimiento presentado por el abogado acusador César Samudio, el juez tercero del Circuito de Chiriquí, Ramo Penal, Dimas Moreno, llamó ayer a juicio al empresario Juan Gabriel Araúz Anguizola por el delito ecológico cometido en la playa La Barqueta el pasado mes de octubre de 2006.
El empresario tiene un proyecto turístico e inmobiliario en playa La Barqueta, en Alanje, Chiriquí.
Desde el año 2008, la Fiscalía Superior de Chiriquí pidió llamar a juicio al empresario Araúz Anguizola por supuesto delito ecológico.
Araúz fue denunciado por los moradores del sector al construir un canal dentro del estero El Jobo, ubicado en el Refugio de Vida Silvestre de Playa La Barqueta, un área protegida.
Los abogados de Araúz han declarado que se trataba de una limpieza del estero para lo cual tenían un permiso de la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam). Sin embargo, las investigaciones de la fiscalía determinaron que las labores terminaron en un dragado que afectó el manglar.
La fiscal segunda superior Nedelka Díaz dijo que, a pesar de que se presentó un desestimiento por la parte acusadora y fue aceptado por el juez tercero Dimas Moreno, este consideró el llamamiento a juicio porque el caso es una investigación de oficio y llamó a responder al empresario Araúz por el delito ecológico en un área protegida.
Mencionó que se derrumbaron manglares que se calcula, no se restablecerán hasta en un período de 100 años, debido a que los animales que habitaban en ese sector desaparecieron y a muchas especies se les dañó el ecosistema.
La fiscal dijo que existen disposiciones legales que ordenan al acusado volver a reforestar el área afectada y también puede darse el caso de que se llegue a la pena de cárcel.
Según el Código Penal, por un delito ambiental se establece pena de prisión de dos a cuatro años. La pena aumenta de una tercera parte a la mitad, cuando el daño se produce en áreas protegidas o se destruyen total o parcialmente ecosistemas costero-marinos o humedales.
Según investigaciones de la Fiscalía Segunda, las pretensiones del empresario Juan Gabriel Araúz eran construir un canal que conectara su proyecto hotelero, Las Olas, con el mar, pero se cometió un delito contra el ambiente.
Araúz construyó un canal de casi cuatro kilómetros de longitud, con un ancho que variaba entre 15 y 25 metros. La construcción del canal conecta el área del hotel con el estero El Jobo, que es parte del área protegida Refugio de Vida Silvestre, en la costa pacífica de la provincia de Chiriquí.
Ezequiel Miranda, presidente de la Asociación para la Conservación de la Biósfera, dijo que espera que se pueda dar una sanción ejemplar porque en la actualidad se está dañando el ambiente, y ya es tiempo de que la gente comprenda que hay que cuidar la naturaleza porque de ella depende nuestro ecosistema.
La Anam culminó el proceso administrativo contra la Corporación Las Olas aplicando una sanción de 9 mil 599 dólares por afectación al refugio de vida silvestre La Barqueta.
La investigación por parte de la Anam dictaminó que la Corporación Las Olas no tenía autorización para realizar los trabajos de limpieza y ampliación del drenaje extendidos dentro del estero El Jobo, en el Refugio de Vida Silvestre Playa La Barqueta.
Caso La Barqueta, a juicio
El empresario Juan Araúz Anguizola será enjuiciado por devastar manglares y afectar especies marinas.
DEVASTACIÓN. Se pretendía construir un canal en el área de manglares para que los botes y veleros llegaran directamente al hotel Las Olas, construido en la playa La Barqueta. ESPECIAL PARA LA PRENSA/Sandra A. Rivera
sandra alicia rivera
david, chiriquí
nacionales@prensa.com
Pese al desestimiento presentado por el abogado acusador César Samudio, el juez tercero del Circuito de Chiriquí, Ramo Penal, Dimas Moreno, llamó ayer a juicio al empresario Juan Gabriel Araúz Anguizola por el delito ecológico cometido en la playa La Barqueta el pasado mes de octubre de 2006.
El empresario tiene un proyecto turístico e inmobiliario en playa La Barqueta, en Alanje, Chiriquí.
Desde el año 2008, la Fiscalía Superior de Chiriquí pidió llamar a juicio al empresario Araúz Anguizola por supuesto delito ecológico.
Araúz fue denunciado por los moradores del sector al construir un canal dentro del estero El Jobo, ubicado en el Refugio de Vida Silvestre de Playa La Barqueta, un área protegida.
Los abogados de Araúz han declarado que se trataba de una limpieza del estero para lo cual tenían un permiso de la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam). Sin embargo, las investigaciones de la fiscalía determinaron que las labores terminaron en un dragado que afectó el manglar.
La fiscal segunda superior Nedelka Díaz dijo que, a pesar de que se presentó un desestimiento por la parte acusadora y fue aceptado por el juez tercero Dimas Moreno, este consideró el llamamiento a juicio porque el caso es una investigación de oficio y llamó a responder al empresario Araúz por el delito ecológico en un área protegida.
Mencionó que se derrumbaron manglares que se calcula, no se restablecerán hasta en un período de 100 años, debido a que los animales que habitaban en ese sector desaparecieron y a muchas especies se les dañó el ecosistema.
La fiscal dijo que existen disposiciones legales que ordenan al acusado volver a reforestar el área afectada y también puede darse el caso de que se llegue a la pena de cárcel.
Según el Código Penal, por un delito ambiental se establece pena de prisión de dos a cuatro años. La pena aumenta de una tercera parte a la mitad, cuando el daño se produce en áreas protegidas o se destruyen total o parcialmente ecosistemas costero-marinos o humedales.
Según investigaciones de la Fiscalía Segunda, las pretensiones del empresario Juan Gabriel Araúz eran construir un canal que conectara su proyecto hotelero, Las Olas, con el mar, pero se cometió un delito contra el ambiente.
Araúz construyó un canal de casi cuatro kilómetros de longitud, con un ancho que variaba entre 15 y 25 metros. La construcción del canal conecta el área del hotel con el estero El Jobo, que es parte del área protegida Refugio de Vida Silvestre, en la costa pacífica de la provincia de Chiriquí.
Ezequiel Miranda, presidente de la Asociación para la Conservación de la Biósfera, dijo que espera que se pueda dar una sanción ejemplar porque en la actualidad se está dañando el ambiente, y ya es tiempo de que la gente comprenda que hay que cuidar la naturaleza porque de ella depende nuestro ecosistema.
La Anam culminó el proceso administrativo contra la Corporación Las Olas aplicando una sanción de 9 mil 599 dólares por afectación al refugio de vida silvestre La Barqueta.
La investigación por parte de la Anam dictaminó que la Corporación Las Olas no tenía autorización para realizar los trabajos de limpieza y ampliación del drenaje extendidos dentro del estero El Jobo, en el Refugio de Vida Silvestre Playa La Barqueta.
sábado, 19 de diciembre de 2009
Ojos sobre Cerro Colorado La Prensa 7 dic 09
exploración minera, desafío a la ecología y al medio ambiente
Ojos sobre Cerro Colorado
Compañías mineras se trasladan a Cerro Colorado y hacen ‘lobby’ con los indígenas para abrir yacimientos de cobre y oro.
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| MINA. Cerro Colorado, en el occidente de la provincia de Chiriquí, forma parte de una reserva de 38 mil 200 millones de libras de cobre que han sido detectadas por empresas mineras. El precio del cobre ha ido en aumento. Actualmente la libra de cobre se cotiza arriba de 3 dólares. ESPECIAL PARA LA PRENSA/Boris Gómez1304216 |
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cerro colorado, chiriquí
nacionales@prensa.com
El ambientalista Edidio Bonilla denunció que mientras los grupos ecologistas estaban ocupados rechazando los proyectos hidroeléctricos en el occidente del país, silenciosamente las compañías mineras ganaban terreno en la comarca Ngäbe Buglé.
“La contaminación por la extracción minera es una cosa tan seria que de ninguna manera se debe hacer a espaldas de las grandes masas”, dijo Bonilla.
Desde hace un año, la transnacional Corriente Resources promueve la minería en la comarca Ngäbe Buglé bajo el concepto de Minería Responsable.
Para los ambientalistas la promoción minera repite la historia de la conquista de hace 500 años.
“Otra vez foráneos les ofrecen oro por espejitos a los indígenas”, sentenció Bonilla.
En la comarca está la reserva cuprífera de Cerro Colorado, una de las mayores en el mundo. Hay además 21 solicitudes al Estado para la exploración minera en la comarca de las 198 que hay en todo el país, según la página web del Ministerio de Comercio e Industrias (Mici).
Campaña por minera
Corriente Resources promueve la explotación minera regalando cuadernos y camisetas a los indígenas con el logo Minería Responsable.
Organiza también reuniones en las aldeas y lleva material didáctico con calcomanías que dicen “Los mineros somos más”, con los mismos colores que se usaron en la campaña política pasada que decía “Los locos somos más”.
El canadiense Don Clarke y la chilena Loretta Cubillos recorren la comarca Ngäbe Buglé en representación de Corrientes Resources. El pasado 27 de noviembre en Hato Chamí reunieron a 200 indígenas para explicarles los supuestos beneficios de la minería responsable.
Tanto Clark como Cubillos rechazaron dar declaraciones sobre el concepto Minería Responsable, pero en la reunión promovieron viajes a Panamá con líderes comunales y anunciaron la visita de otras empresas mineras a la zona.
Rogelio Baruco, vicepresidente del partido Cambio Democrático, dijo que no hay ninguna relación con ese colectivo político o con el Gobierno de una campaña a favor de la minería. Explicó que el logo es de libre utilización y mucha gente lo toma para modificarlo, pero no existe relación entre el partido y esa promoción minera.
David Samudio, de la Alianza para el Desarrollo de las Tierras Altas, tomó la fotografía a una nota que sería enviada al presidente, Ricardo Martinelli y que se exhibía en la pared del centro de artesanías donde se registraba la reunión.
La nota, en síntesis, ponderaba como positiva la capacitación por profesionales extranjeros sobre la minería responsable y demandaba que los beneficios de una explotación minera fueran compartidos con la población Ngäbe Buglé.
El documento estaba impreso, y en opinión de Samudio se debe investigar si fue la empresa Corrientes Resource la que redactó el documento o en verdad fueron los moradores de la comarca.
Mientras tanto, en ciudad de Panamá, Zahadia Barrera, directora nacional de Recursos Minerales del Mici, aseguró que Corrientes Resources no tiene registrada ninguna concesión.
¿Pobreza o ecología?
Las opiniones entre los indígenas sobre la explotación minera están divididas. Hay algunos a favor de la explotación minera y otros en contra.
Héctor López tiene nombre de pelotero, pero no lo es. En realidad es un desempleado indígena que habla como estudiante universitario y que acudió a las reunión organizada en Hato Chamí por Corrientes Resources. Asegura estar de acuerdo con la posición de quienes promueven la minería.
“Yo estoy de acuerdo en que si se van a explotar los recursos de la comarca un gran porcentaje sea para los residentes de este lugar”, señaló López.
En las anteriores exploraciones a los indígenas sólo se les daban los trabajos de poca importancia y si alguna vez va a existir una mina entonces eso tiene que cambiar.
Enrique Manuel Montezuma, un agricultor de la comunidad de Algarrobos, a dos horas y media de San Félix y a pocos minutos de Cerro Colorado, dijo que está en contra de la minería.
“Somos 12 familias que producimos en una excelente tierra tomate y otros productos y que básicamente necesitamos una mejor carretera, pero si viene la minería se llevarán los recursos, destruyen el río y después la tierra quedaría inservible y nuestros hijos quedarían sufriendo”, dijo.
Grupos ambientalistas de Chiriquí y la ciudad Panamá también han rechazado las posibilidad de explotar Cerro Colorado.
El Congreso General
Celio Guerra, fiscal del Congreso General Ngäbe Buglé, declaró que ese organismo elegido por la comunidad indígena se opone desde 2006 a la explotación minera. Guerra fue uno de los que marchó en octubre pasado desde Chiriquí hasta la ciudad de Panamá para manifestarse en contra de la explotación minera.
“Las transnacionales afilan sus garras no sólo en el proyecto de Cerro Colorado sino en el de Chorcha, Cerro Pelado y Cerro Caballo y nos oponemos rotundamente a esta explotación”, declaró Guerra.
Cerro Colorado es una de las mayores reservas de cobre del mundo. Pero de llegar a aprobarse una concesión para la explotación se afectaría la reserva forestal de Fortuna, donde está ubicada la hidroeléctrica del mismo nombre, y el Bosque Protector Palo Seco.
Campamento panacobre
Para llegar al campamento de lo que alguna vez fue la empresa de Cobre Cerro Colorado y luego Panacobre, en la comarca Ngäbe Buglé, hay que transitar tres horas en vehículos de doble tracción. Las pendientes, quebradas, ríos y el follaje de las montañas son impresionantes.
El campamento parece un pueblo fantasma. Abandonado desde hace 12 años, sólo es ocupado por algunas cuantas familias y su cuidador.
La pintura del letrero de la enfermería se cae a pedacitos y varios de los depósitos tienen tanques de tierra que pertenecen a exploraciones mineras por años encerradas.
domingo, 13 de diciembre de 2009
Concesión, en el limbo, LP 9 dic 2009
MILLONARIAS RESERVAS DE COBRE EN LA comarca Ngäbe Buglé
Concesión, en el limbo
La documentación se revisa en el Mici. El Estado tiene la potestad de comercializar el yacimiento con Codemin.
1305065MARY TRINY ZEAmzea@prensa.com
Cerca de 20 mil hectáreas en concesión del área de Cerro Colorado se encuentran en un limbo jurídico o “se desconoce su situación legal”, alertó el Centro de Incidencia Ambiental (Ciam).
Dentro de este perímetro se encuentran las 2 mil hectáreas obtenidas por Panacobre en 1996 y cuyo contrato de concesión venció.
Raisa Banfield, presidenta de Ciam, tuvo acceso a información de primera mano de la Dirección Nacional de Recursos Minerales, en este sentido: “No hay información oficial de la situación jurídica del resto de las hectáreas otorgadas para exploración, previo al contrato de extracción”.
Sin embargo, la directora Nacional de Recursos Minerales del Ministerio de Comercio (Mici), Zahadia Barrera, informó que esta concesión (el cuadro mayor que se muestra en la imagen) pertenece al Estado; pero hasta el momento se desconoce la cifra exacta de las hectáreas del terreno.
Añadió que ninguna empresa tiene contrato para explotar el yacimiento con las reservas de 25 mil millones de libras de cobre.
La exploración o comercialización está a cargo de la Corporación de Desarrollo Minero de Cerro Colorado (Codemin), creada a través de la Ley 41 de 1975.
Codemin lo integran un comité ejecutivo, que ya designó el presidente de la República Ricardo Martinelli, y un comité político que lo ordena la Ley 41.
VEA Se desarrolla zona especial
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